El Ejecutivo ha extendido hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA de alimentos básicos, las ayudas para la bonificación del transporte público y la suspensión de desahucios de familias vulnerables.
Ha puesto en marcha la nueva línea de avales ICO para la adquisición de vivienda, solo para personas menores de 35 años y familias con menores a su cargo
El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas aplicables en la segunda mitad del año para seguir respondiendo al impacto de la crisis económica. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que se trata del séptimo paquete de iniciativas con esta finalidad y ha sostenido que estas actuaciones «están siendo muy eficaces para bajar la inflación y apoyar a las familias y las empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo». Además, ha calificado de «responsable» la política fiscal del Ejecutivo, que ha permitido cumplir «holgadamente» los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública.
Ante el, el Gobierno ha prorrogado este lunes las principales medidas de apoyo a los colectivos y los sectores más afectados por el alza de los precios y, además, ha traspuesto diversas directivas europeas y ha adoptado iniciativas adicionales para desplegar proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Nos permitirá transitar con tranquilidad y confianza por el segundo semestre del año en un contexto de incertidumbre, pero naturalmente con la esperanza de que termine cuanto antes esta guerra», ha afirmado la vicepresidenta.
Prórroga de medidas de apoyo y protección de los más vulnerables
Entre las actuaciones que se amplían hasta el 31 de diciembre, figuran la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes y los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible; la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos y la bajada al 5% para aceites y pastas alimenticias; y las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales y agricultores y ganaderos (la bonificación será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año).
Además, se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y, por tanto, no se benefician de esa bonificación, así como para los servicios de transporte marítimo de interés público.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que también se prorrogan varias de las medidas en materia energética y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano. Igualmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social y en los ámbitos laboral e hipotecario.
Junto a estas medidas con impacto fiscal, se refuerza la protección de colectivos vulnerables, ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía en empresas que reciban ayudas públicas. Además, se adopta el «derecho al olvido oncológico» de las personas que han padecido un cáncer en la contratación de cualquier producto, financiero o no, transcurridos cinco años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior.
Avales para la compra de la primera vivienda solo a personas menores de 35 años e incentivos fiscales
Un tercer apartado engloba iniciativas urgentes para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas financiados con los fondos europeos ‘Next Generation’.
Entre ellas, la puesta en marcha de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar solo a las personas menores de 35 años y las familias con menores a su cargo a pagar la entrada de su primera vivienda; medidas para facilitar las inversiones del proyecto estratégico relacionado con los semiconductores y los microprocesadores; la modificación de la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dando certidumbre a las empresas sobre cómo acreditar el cumplimiento de los plazos de pago y, por tanto, cómo acceder a los programas de ayuda y contratos públicos; y medidas para estabilizar el empleo público y retrasar la obligación de cotización para los contratos en prácticas.
